La investigación judicial sobre Sur Finanzas sumó cuatro allanamientos en entidades bancarias y sus dependencias. Las medidas, ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, están vinculadas con la causa que analiza el entramado financiero relacionado con Ariel Maximiliano Vallejo, titular de la firma.
Uno de los procedimientos se realizó en la sede central del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, en la Ciudad de Buenos Aires. También hubo operativos en Santa Fe 880 y en Maipú 1210, donde funcionan dependencias del Banco Industrial y del Hipotecario. La cuarta dirección allanada fue Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo, partido de La Matanza.
Los allanamientos estuvieron a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza, bajo la conducción del comisario Enrique Fernando Giménez. La información disponible no detalla qué documentación o elementos fueron secuestrados ni cuál fue el resultado concreto de los procedimientos.
Las medidas se conocen después de que el Banco Central dispusiera excluir a Sur Finanzas del Registro de Proveedores de Servicios de Pago. Entre los motivos señalados por el organismo figuran la falta de actividad de la billetera virtual, la pérdida de respaldo bancario, irregularidades en la información obligatoria y la imposibilidad de comprobar la devolución de todos los fondos de los clientes.
A principios de noviembre, Vallejo fue procesado como presunto jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El juez también dictó su prisión preventiva, que cumplirá bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico, y ordenó un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes. La resolución alcanzó además a otras 17 personas y nueve sociedades; los embargos dispuestos en conjunto suman $215.900 millones.
Según la hipótesis de la investigación, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 habría operado una organización que usó unas 15 sociedades para introducir en el circuito formal ganancias de operaciones cambiarias realizadas al margen de las normas. Los fondos presuntamente se habrían destinado luego a comprar inmuebles y vehículos y a adquirir participaciones societarias. El procesamiento es una decisión judicial dentro de una causa en curso y no equivale a una condena.
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