Partidarios del presidente Jair Bolsonaro se manifestaron hoy en la capital Brasilia a favor de la flexibilización de la portación y posesión de armas en Brasil, una de las principales banderas alzadas por el mandatario ultraderechista.
Convocados por el movimiento Proarmas con el lema «No es sobre armas, es sobre libertad», los manifestantes se concentraron frente a la Catedral de Brasilia y marcharon por la Explanada de los Ministerios.
Vestidos de blanco, los participantes en el acto, muchos de ellos sin tapabocas, que el gobernante tampoco usa, exigieron el derecho a defenderse y pidieron «el cese de la persecución cultural» contra los aficionados a las armas, como cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas.
La posesión y el porte de armas son defendidas por Bolsonaro, un excapitán del ejército que llegó al poder en enero de 2019 preconizando la legítima defensa y la mano dura contra el crimen, un flagelo que no disminuyó con su gestión.
En sus más de dos años de mandato, Bolsonaro firmó más de 30 actos normativos para que los brasileños puedan adquirir o portar armas con más facilidad, pero muchos de ellos fueron trabados por el Legislativo o el Poder Judicial.
Los manifestantes también denunciaron la «interferencia» de los poderes Legislativo y Judicial a favor del voto impreso, una demanda frecuente de Bolsonaro, que desconfía del sistema de voto electrónico y viene advirtiendo sobre la posibilidad de fraude en las presidenciales de 2022, reseñó la agencia de noticias AFP.
El dignatario moviliza desde hace meses a su base más extremista en momentos en que su popularidad está en el punto más bajo.
Una encuesta de Datafolha difundida entre ayer y hoy reveló que su índice de desaprobación superó por primera vez el 50% y confirmó que sería derrotado ampliamente, y en primera vuelta, en las elecciones de 2022 por el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, quien aún no confirmó su candidatura.
Esos datos negativos son en gran parte consecuencia de su gestión de la pandemia, a la que Lula tildó de «genocida» cuando se superó días atrás la barrera de los 500.000 muertos, que hoy ascienden 530.000.
Una comisión del Senado investiga sus presuntas omisiones para enfrentar el coronavirus y posibles irregularidades en la negociación de vacunas por parte de su gobierno.
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