Inseguridad en la Provincia: una app del ministerio deja fuera de las cifras del delito más de 100.000 robos y hurtos denunciados en un año

“Mi Seguridad”, la aplicación lanzada por el gobierno bonaerense en 2017 para facilitar la denuncia de delitos desde el celular o la computadora, se presenta como un sistema rápido, sencillo y seguro que genera automáticamente un proceso penal. Actualmente, esta plataforma origina más del 20% de las causas penales en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, al mismo tiempo, contribuye a que una parte significativa del delito quede fuera del radar estadístico oficial.

El Ministerio de Seguridad y la Policía bonaerense incentivan el uso de esta modalidad en línea, recomendándola a las víctimas en lugar de la atención presencial en comisarías, excepto en casos de urgencia, que requieren llamar al 911. La aplicación ofrece un menú con diversas categorías para encuadrar los hechos denunciados, como violencia familiar o de género, delitos contra la integridad sexual, daños, robo/hurto (dividido en domiciliario, de celulares, de vehículos u otros), comercio ilegal de autopartes, cuatrerismo, narcotráfico, corrupción policial, juego clandestino, apuestas ilegales y picadas de autos. Estas denuncias ingresan con etiquetas provisionales que deben ser validadas posteriormente por las fiscalías. Aunque algunos delitos permiten el anonimato, la mayoría de los usuarios se identifican, y las denuncias son trazables por el dispositivo utilizado.

El proceso de denuncia es breve y, una vez finalizado, el sistema entrega una constancia con la fiscalía asignada, el número de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) abierta y un código de seguimiento. En 2025, la plataforma generó 225.398 IPP, lo que representa el 22% del total provincial, es decir, una de cada cinco causas penales.

No obstante, el principal problema radica en el seguimiento legal de estas denuncias. Más de la mitad no se incorporan a las categorías oficiales del delito, ya que las fiscalías no las recaratulan conforme al Código Penal, ni con la etiqueta provisional ni con otra diferente. Esto no implica ausencia de pruebas ni falsedad, sino que no se ejecuta un encuadre jurídico formal.

Esta divergencia repercute directamente en la estadística oficial: sin una tipificación penal, las denuncias no se computan en rubros como robo, hurto, abuso sexual, lesiones o estafa, permaneciendo en una categoría genérica denominada “Delitos denunciados en el Sistema del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con tipificación provisoria”. En el informe estadístico difundido en mayo de 2026, correspondiente a las causas iniciadas en 2025, se registraron 122.867 IPP en esa categoría, equivalentes al 54,5% de las denuncias realizadas por la aplicación.

De ese total, 103.085 correspondían a denuncias calificadas por los usuarios como “robos” y “hurtos”, delitos que predominan ampliamente en el flujo de la plataforma. Si las fiscalías las hubieran recaratulado, estas categorías podrían haber aumentado hasta un 36% la estadística oficial, que en 2025 contabilizó 284.018 IPP.

Este desfase implica que más de 100.000 presuntos robos y hurtos denunciados a través de la app quedaron fuera del radar oficial, afectando directamente la percepción y el análisis de la inseguridad en zonas como el Gran Buenos Aires, Mar del Plata y La Plata. Además, en menor medida, hay denuncias sin tipificar relacionadas con violencia de género (8.661 por lesiones y tentativas de homicidio), daños (4.945), narcotráfico (3.970) y otros delitos como corrupción policial, juego clandestino o picadas (1.411), que también permanecen en una especie de “agujero negro” estadístico.

Desde la publicación de estas cifras en mayo de 2026 hasta septiembre del mismo año, se recaratularon aproximadamente 7.000 denuncias, lo que indicaría una mejora si se compara con el panorama general.

La aplicación fue impulsada en 2017 tras un convenio entre la Procuración y el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Cristian Ritondo. Desde entonces, su expansión ha sido constante y el número de denuncias sin recaratulación aumentó del 1% en sus inicios al 13,5% en 2024 y al 12% en 2025 del total de IPP que se abren en la provincia.

El impacto territorial varía significativamente. En el departamento judicial de Quilmes, por ejemplo, 21.870 denuncias registradas en 2025 permanecieron con tipificación provisoria, lo que representa el 23,5% de las IPP iniciadas en esa jurisdicción. Otros departamentos con altos porcentajes de este fenómeno son La Plata (16,5% en 2025 y 26,5% en 2024), San Martín (19,3%), Mar del Plata (19,95%), Morón (16,4%) y Moreno-General Rodríguez (16,7%).

El problema no se limita a la estadística: también afecta la capacidad real de investigación. Un factor clave es que la plataforma exige que la víctima ratifique presencialmente la denuncia en fiscalía dentro de los cinco días hábiles siguientes. De no hacerlo, los fiscales pueden archivar la denuncia según la resolución 416/17 del Procurador General Julio Conte Grand.

Este requisito limita la efectividad del mecanismo. En 2024, solo el 1,29% de las denuncias fue ratificado, y en 2025 la cifra mejoró levemente al 1,87%. Diversos motivos explican este bajo nivel de ratificación: desde un uso pragmático de la aplicación para trámites hasta desinterés, desconfianza