Diputados arranca con el debate de la Ley Malvinas y hay alerta por puntos clave para el Gobierno

La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate en comisión del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, impulsado por el Gobierno en relación con Malvinas. Sin embargo, la iniciativa ya genera tensiones con sectores de la oposición, especialmente en lo que respecta al régimen de protección de las infraestructuras críticas y la creación de un Consejo de Seguridad al estilo estadounidense.

El proyecto, presentado el 17 de septiembre, será analizado en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, todas presididas por representantes oficialistas: Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

La reunión inicial tiene carácter informativo, y el oficialismo planea avanzar en una segunda sesión el 6 de octubre, con la intención de llevar la propuesta al recinto el 21 de octubre. En este primer encuentro estuvieron presentes Paula Tadei, subsecretaria de Planeamiento Estratégico de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía.

En esta etapa preliminar, hubo consenso en torno al capítulo I del proyecto, que propone derogar la Ley 26.659, vigente hasta ahora para sancionar la exploración de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La nueva norma amplía esta regulación a todos los recursos naturales extraídos sin autorización argentina y endurece las sanciones para quienes operen en las islas sin el permiso de Argentina.

El tema ha adquirido relevancia por las acciones unilaterales del gobierno británico en las islas, particularmente desde diciembre de 2025, cuando Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited anunciaron un plan para explorar y desarrollar el yacimiento Sea Lion. Esta situación provocó la respuesta diplomática de la Cancillería argentina y la implementación de un Plan de Acción para Hidrocarburos, con reclamos jurídicos y medidas administrativas.

No obstante, el proyecto enviado al Congreso por Javier Milei posee características propias de una ley ómnibus, ya que consta de ocho capítulos y un total de 133 artículos. La iniciativa trasciende la cuestión Malvinas para establecer un nuevo sistema de seguridad nacional.

Entre las novedades, se propone la creación de un Consejo de Seguridad encargado de definir la Política de Seguridad Nacional. Este órgano estará integrado por el Presidente, el Jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el Secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

Desde el peronismo, con figuras como Agustín Rossi, ex ministro de Defensa y ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, manifestaron su rechazo a la conformación del Consejo de Seguridad siguiendo el modelo estadounidense, cuestionando tanto su integración como la situación geopolítica de Argentina en relación con Estados Unidos.

La propuesta también establece un Sistema de Seguridad Nacional que abarca funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, defensivas, jurídicas y de inteligencia. Un punto controvertido es el régimen de protección de las infraestructuras críticas, definidas como instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos públicos o privados cuya interrupción o destrucción pueda impactar significativamente en la seguridad, defensa, salud, economía, servicios esenciales o funcionamiento del Estado.

La iniciativa señala que los propietarios y operadores de dichas infraestructuras serán responsables de implementar las medidas de protección, las cuales deben contar con la aprobación del Consejo de Seguridad.

Además, la reforma habilita la intervención militar para la protección de infraestructuras críticas, un aspecto que algunos diputados consideran que podría contravenir la Ley de Seguridad Interior. Por estas razones, aunque existe un acuerdo en cuanto al capítulo referido a Malvinas, se anticipa un debate complejo y con desacuerdos en otros temas centrales de la norma.