ADEPA advirtió por el impacto de la Inteligencia Artificial y alertó por los agravios del Gobierno a la prensa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su informe semestral sobre Libertad de Prensa, en el cual destacó dos fenómenos que considera fundamentales para el futuro del periodismo: los ataques y descalificaciones provenientes de posiciones de poder, y el uso de contenidos periodísticos sin reconocimiento ni compensación por sistemas de Inteligencia Artificial (IA).

La entidad vinculó ambos fenómenos como aspectos de un proceso más amplio: la pérdida del valor de la información profesional y de las condiciones que permiten su producción y discusión democrática.

El informe fue leído este viernes al mediodía por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, durante la 64ª Asamblea General de ADEPA, que se realiza en San Miguel de Tucumán. En ese marco, ADEPA sostuvo que “la crítica al periodismo es legítima y necesaria”, pero advirtió que “el agravio y la estigmatización, especialmente cuando provienen de quienes ejercen altas responsabilidades públicas, deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.

En cuanto a la transformación tecnológica, el informe consideró que la IA representa un desafío estructural para el periodismo y cuestionó particularmente el uso de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin la debida compensación a sus creadores. “La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático”, afirmó el documento, que subrayó la necesidad de que las nuevas reglas del entorno digital reconozcan el valor del trabajo intelectual de quienes producen información verificable.

ADEPA relacionó esta problemática con la sustentabilidad económica de los medios, señalando que las grandes plataformas concentran buena parte de los recursos del mercado publicitario. En ese sentido, aseguró que la viabilidad de un periodismo independiente requiere un “ecosistema competitivo y transparente”, libre de distorsiones derivadas de posiciones dominantes.

La asociación reafirmó el rol del periodismo frente a la expansión de la desinformación, la polarización y los contenidos de alto impacto. En este contexto, calificó como “irremplazable” la tarea periodística de verificar hechos, investigar, contextualizar, ofrecer una mirada editorial independiente y construir confianza.

Durante la Asamblea, se destacó la participación del secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno, Fabián Fernández, quien el jueves mantuvo reuniones con editores y directivos de medios de todo el país y visitó las instalaciones del diario La Gaceta en Tucumán.

El informe registró un volumen significativo de mensajes hostiles contra periodistas y medios difundidos en redes sociales. Solo entre el 17 y el 23 de agosto, la cuenta oficial del presidente Javier Milei republicó 335 mensajes adversos hacia la prensa, sumados a 26 publicaciones originales y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. Durante ese período, fueron mencionados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación.

Entre las expresiones recogidas se incluyen términos como “periodistas corruptos”, “mentirosos”, “ensobrados”, “sicarios del micrófono” y “simios con micrófono”. También se reiteró la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. ADEPA aclaró que los medios y periodistas pueden cometer errores y deben rendir cuentas ante sus audiencias y la ley, pero destacó que “la libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado”. Marcó, sin embargo, una diferencia clara entre responder, debatir o refutar información y promover la degradación personal de quienes la producen.

“El insulto proveniente de la máxima autoridad estatal, repetido sistemáticamente, genera una asimetría de poder que convierte el episodio en un problema que excede una disputa entre individuos”, advirtió el informe.

El documento también se refirió al episodio ocurrido el 25 de agosto, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionó contra una publicación periodística que consideró falsa y planteó que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. ADEPA señaló que los funcionarios tienen derecho a negar información, cuestionarla, aportar pruebas, solicitar rectificaciones y recurrir a mecanismos judiciales, pero diferenció estas herramientas de la propuesta de una ley destinada a “castigar” publicaciones consideradas falsas por las autoridades. La asociación advirtió que una norma de ese tipo podría otorgar a los funcionarios un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión, además de generar un efecto inhibitorio sobre investigaciones y la difusión de información de interés público.

Asimismo, el informe cuestionó un episodio posterior en el que el presidente de la Nación, durante una charla con alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires, alentó manifestaciones de hostilidad hacia los periodistas. ADEPA consideró especialmente significativo este hecho debido a que ocurrió ante adolescentes y en un establecimiento educativo, comprometiendo la investidura presidencial.

En cuanto al acceso a fuentes oficiales, ADEPA expresó su preocupación por las limitaciones que enfrentan los periodistas acreditados para ingresar a la Casa Rosada, señalando que también se registraron restricciones similares en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía. La entidad manifestó “máxima preocupación” ante una restricción general para el ingreso de periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, y sostuvo que el acceso físico a los lugares donde se produce información no es un privilegio corporativo, sino una condición necesaria para preguntar, observar, contrastar versiones, acceder a diversas fuentes y producir contenido propio.

ADEPA criticó que este contacto haya sido reemplazado por comunicaciones oficiales, transmisiones institucionales o contenidos producidos por los organismos públicos, ya que esta modalidad empobrece la